En el día de ayer, el periódico El País recoge un artículo redactado por Javier Gómez de Agüero, compañero de la Agrupación Socialista de Collado Villalba, a través de la Fundación Alternativas en el que se recogen una serie de observaciones más que necesarias que deben realizarse antes de valorar y juzgar la situación de los empleados públicos, ya que existen una serie de mitos que son convenientes derribar. Os lo reproducimos íntegramente esperando que sea de vuestro agrado:
Los empleados públicos: alguna precisión
25 de Julio de 2012
Tras la
aprobación de los últimos recortes en la Administración Pública, paga
extra de diciembre, días de libre disposición e incapacidad temporal;
parece necesario hacer un ejercicio de precisión sobre quiénes son, qué
hacen y cuántos son, los empleados públicos.
Lo primero que hay que aclarar es que en
la Administración hay dos grandes categorías de empleados: los
funcionarios y el personal laboral. Los funcionarios mantienen con la
Administración una relación estatuaria basada en el Derecho
Administrativo, mientras que el personal laboral tiene una relación
basada en la legislación laboral.
Los funcionarios sólo pueden acceder a
la Administración por oposición o por concurso-oposición (un proceso que
suma a la oposición la valoración de otros méritos). El personal
laboral accede a la Administración por oposición, por
concurso-oposición, o por concurso de valoración de méritos.
Además de estas dos categorías hay una
tercera: el personal eventual. Estos trabajadores llevan a cabo tareas
de confianza o de asesoramiento. El nombramiento es libre y el cese se
produce siempre cuando cesa la autoridad que les nombra.
¿Cuántos empleados públicos hay en España?
Según el último Boletín Estadístico del Registro Central de Personal,
en toda España había 2.690.099 empleados públicos. De ellos 1,6
millones son funcionarios, 690.278 son personal laboral, y 346.323 están
en la categoría de "otro personal". Dentro de esta categoría que
utiliza el Boletín estarían, además del personal eventual, los
funcionarios interinos y otros contratados y personal vario (la mayor
parte de ellos dedicados a la enseñanza).
Distribución de empleados públicos por administraciones
Por
lo que respecta a las funciones, cerca del 60% del conjunto de los
empleados públicos en España se dedicaban directamente a la Educación,
la Sanidad, la Seguridad o la Justicia, pilares básicos de cualquier
Estado moderno.
Distribución de empleados públicos por funciones
También es interesante observar la
evolución del número de empleados públicos en las distintas
administraciones. Como fecha de referencia tomo el año 2002 porque ya se
habían producido los traspasos de las grandes competencias de la
Administración General del Estado a las CCAA.
En 2011, había 405.647 empleados públicos más que en 2002. Por administraciones la evolución ha sido muy dispar.
Evolución del número de empleados públicos por administraciones
En
la Administración General del Estado el incremento de empleados
públicos entre 2002 y 2011, se ha debido exclusivamente a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado (31.426 policías y guardias civiles más)
y a las Fuerzas Armadas (9.020 efectivos más). De hecho, si se
descuenta el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía y la
Guardia Civil, la Administración del Estado cuenta el 11,82% de los
empleados públicos de España.
En las CCAA, entre 2003 y 2011, el incremento bruto de personal se ha producido, fundamentalmente, en la Educación y la Sanidad.
Evolución empleados CCAA 2003-2011
En
la Administración Local el mayor incremento se ha producido en el "otro
personal". En los ayuntamientos, desde 2005 (primer año con datos
desagregados), este tipo de personal ha crecido un 32,38% frente a una
media del 23% de funcionarios y personal laboral. En las Diputaciones la
desproporción es aún mayor, porque mientras hay 4.516 funcionarios y
laborales menos, el personal eventual ha crecido en 1.602 personas en
estos 8 años.
¿Muchos, pocos? Depende
Existen dos grandes modelos de
comparación internacional del número de empleados públicos. El primero
de ellos nos dice el número de habitantes de un país por empleado
público. El segundo relaciona el número de trabajadores del sector
público con el conjunto de la población activa de un país.
Cada indicador nos muestra una realidad. El
primero, parte de la premisa de que los servicios públicos crecen con
la población y, por tanto, a más población serán necesarios más
empleados públicos para prestarlos.
La
media en la Unión Europea está en los 16,89 habitantes por empleado
público, España tiene 17,79. Hay notables diferencias desde los 8,09
habitantes por empleado público de Suecia a los 135 de Eslovaquia,
pasando por los 18,26 de Alemania o los 30,29 de Grecia.
El segundo indicador -porcentaje de empleados públicos respecto a la población activa-
nos muestra cómo se prestan los servicios públicos; si lo hace
directamente el sector público o se hace a través del sector privado.
A veces se emplea este indicador para
insinuar, que una economía con una menor proporción de trabajadores
públicos respecto a su población activa es más sana. No creo que sea
así. Este indicador es el resultado de una opción política -gestión
directa o indirecta- respecto de un servicio (sanidad, educación, etc.)
que previamente se ha decidido que sea público.
Conclusión
Si queremos debatir o valorar las
opciones para reformar nuestra Administración Pública de forma global,
debemos ofrecer a la ciudadanía una visión lo más clara posible de lo
que estamos hablando. La Administración es mucho más que sus empleados
públicos, es el instrumento a través del cual los poderes del Estado
llevan a cabo el interés general. Como señaló el premio Nobel de Economía Finn Kydland en La Vanguardia, "un país es lo que no cambia después de que cambie el Gobierno".
